¿Tiene vigencia la lucha armada?
¿Un gobierno que llega al poder por la vía democrática necesita el apoyo de grupos armados? Aunque parezca insólita la pregunta, la respuesta lo es aún más: este gobierno sí. Además de promover abiertamente grupos armados en defensa de la “revolución”, los financia y protege al margen de la ley. Aunque al mismo tiempo, ante la comunidad internacional, pida al ELN y a las FARC que abandonen la lucha armada, advirtiendo el claro anacronismo de los métodos políticos, amén de la ilegalidad e ilegitimidad que representan en el mundo de hoy. Pero, con gran descaro, en suelo patrio, fomenta estas milicias (alejadas de cualquier sensatez o teoría política) apertrechadas con armas provenientes del propio Ejército venezolano. Sin mencionar el hecho de contar con una organización armada que se hace llamar las Fuerzas Bolivarianas de Liberación. ¿Para liberarnos de qué?, ¿de la corrupción y la ineficiencia?
Esta espeluznante realidad devela la precaria concepción del gobierno sobre la disidencia política. Un errado menosprecio hacia la oposición que, en cualquier otra parte, significa una evaluación crítica gubernamental necesaria y un relevo importante de la vida en democracia. La posibilidad de expresar disenso al interior de una sociedad diferencia a las democracias de los autoritarismos, éstos últimos, acostumbrados a un alto uso de la coacción para lograr la obediencia, sin considerar los necesarios consensos. Giovanni Sartori, en su libro ¿Qué es la democracia?, afirma que la oposición es un órgano de soberanía popular tan vital como el gobierno y que cancelarla es cancelar al pueblo mismo. ¿Será que el gobierno no se imagina nunca como oposición?
La lucha armada equipara al opositor con un enemigo despojado de todo derecho, al que, incluso, por pensar distinto y poseer intereses antagónicos de “clase”, se le niega la vida. Nadie refuta los elementos de clase, pero hacer una guerra política hoy en nombre de la lucha de clases raya en la ignorancia más crasa. Quienes han tomado el poder en representación de una clase oprimida generalmente se convierten históricamente en la clase opresora; si no, pregúntenselo a la familia real Castro-Ruz, que lleva 51 años en el poder al lado de su privilegiado Partido Comunista, museo prehistórico de Cuba. El debate político obliga en la actualidad a garantizar el derecho de ejercer oposición ante el poder del Estado y a objetar la lucha armada como medio para superar los conflictos sociales.
Franklin Piccone Sanabria
soyfrank@hotmail.com/ COPEI-Rebelde
