Caracas 5 de septiembre de 2009
Ciudadana
Abg. Luisa Ortega Díaz
Fiscal General de la República
Su Despacho.-
Nosotros, abajo firmantes, ciudadanos venezolanos, dirigentes políticos de los partidos agrupados en la Mesa de la Unidad Democrática, en representación de los miles de ciudadanos que hoy nos acompañan, partidarios sin reservas del pluralismo, del Estado de Derecho, de la naturaleza alternativa de los gobiernos, de la transparencia y la responsabilidad de los gobernantes ante los electores, así como del respeto absoluto a los derechos humanos de los hombres y mujeres considerados como individuos concretos y no como partes de entidades abstractas que terminan siendo manipulados por el poder, nos dirigimos a usted, de conformidad con lo establecido en el artículo 51 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, el cual establece que:
“…Toda persona tiene el derecho de representar o dirigir peticiones ante cualquier autoridad, funcionario público o funcionaria pública sobre los asuntos que sean de la competencia de éstos, y a obtener oportuna y adecuada respuesta. Quienes violen este derecho serán sancionados conforme a la ley, pudiendo ser destituidos del cargo respectivo.”.
En este sentido, queremos manifestar nuestro más contundente repudio a los siguientes hechos:
1.- Deploramos las declaraciones emitidas por usted, en fecha viernes 28 de agosto del presente año, durante el desarrollo de su programa radial “En Sintonía con el Ministerio Público”, transmitido en Radio Nacional de Venezuela, donde se señala, de acuerdo con la nota de prensa, entre otras cosas, lo siguiente:
“…La Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, advirtió que pedirá el enjuiciamiento de todas aquellas personas que alteren la tranquilidad y la paz pública en el país, afirmación que realizó a propósito de los hechos violentos ocurridos en la marcha que convocó el fin de semana pasado la oposición para manifestar contra la Ley Orgánica de 1
Educación. /"Anuncio que el Ministerio Público no va a permitir que esto continúe. Quienes alteren la tranquilidad y la paz pública para producir inestabilidad de las instituciones, desestabilizar el Gobierno, que atenten contra el sistema democrático, vamos a solicitarle su enjuiciamiento, incluso, no sólo de los autores materiales, sino también de los intelectuales", reiteró Ortega Díaz. / En el programa "En Sintonía con el Ministerio Público", transmitido por Radio Nacional de Venezuela, dijo que le llama mucho la atención que algunos de los manifestantes, cuando eran emplazados sobre por qué estaban en desacuerdo con el articulado de la referida norma, ni siquiera sabían cuál era el contenido del recién aprobado texto legal. / Asimismo, acotó que algunas personas buscan "cualquier motivo para marchar, cualquier motivo para crear caos, lo que sea, lo que quieren es desestabilizar. A ellos no les importa nada, no les importa el país, lo que quieren es desestabilizar", agregó la Fiscal General. / Aseguró que dichas conductas encajan perfectamente en el delito de rebelión civil, el cual de acuerdo con el artículo 143 del Código Penal, establece que serán castigados con prisión de 12 a 24 años, los que se alcen públicamente en actitud hostil, contra el Gobierno legítimamente constituido o elegido, para deponerlo o impedirle tomar posesión del mando. / "Entonces, estas conductas pudiesen estar encuadradas perfectamente en el tipo penal. Yo quisiera que aquellas personas que se alzan en actitud hostil contra el gobierno legítimamente constituido, sepan cuáles son las consecuencias", señaló la Ortega Díaz. / La jefa del Ministerio Público acotó que algunas personas, a través de algunos medios de comunicación, anteponen el interés individual por el colectivo con el "propósito de forzar la insurrección popular y el orden público, producir la inestabilidad de todas las instituciones, incitando incluso a la desobediencia de las leyes". / Refirió que estos grupos están generando enfrentamientos entre las personas, entre los venezolanos. "Se están cerrando calles, avenidas, impidiendo el libre tránsito de los venezolanos, alterando la paz y la tranquilidad pública, con cuyas acciones, todos los que las ejecutan, todos los que están desarrollando estas conductas, están atentando contra el gobierno constitucionalmente electo", manifestó Ortega Díaz.”. Fuente: Página web del
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Ministerio Público, www.fiscalia.gov.ve, link http://www.fiscalia.gov.ve/Prensa/A2009/prensa2808.htm .
La libertad de reunión y manifestación es uno de los derechos esenciales a una sociedad democrática, sobre todo cuando se ejerce con la finalidad de expresar una crítica política.
Es inaceptable que se considere subversivo el ejercicio de un derecho humano como el derecho de manifestación sólo porque con ello se persiga la finalidad de criticar al Gobierno, como sostuvo la Fiscal General de la República, ya que éste es el ámbito en el que ese derecho merece mayor protección según la jurisprudencia internacional sobre derechos humanos.
No aceptamos bajo ninguna circunstancia que el derecho a la manifestación pueda considerarase, tal como se desprende de sus declaraciones, como un intento de desestabilizar las instituciones, crear caos social, atentar contra autoridades establecidas o vandalizar propiedad pública.
No puede propugnarse una concepción del orden público, propia de una sociedad autoritaria, en la que la tranquilidad o sigilo de la ciudadanía es el valor supremo. Menos aun cuando esta concepción sólo se aplica respecto de la disidencia política.
Si a las autoridades les importa preservar la estabilidad institucional, deberían fomentar espacios para el dialogo en lugar de negar estos para luego reaccionar represivamente frente a las manifestaciones pacíficas de descontento. Para nadie es un secreto que el actual sistema político venezolano muestra un acentuado sesgo a la discriminación de todo individuo o grupo que no comparta su visión del país, proteste contra la corrupción, critique sus políticas públicas, exija transparencia en las finanzas públicas, rechace su irresponsable política exterior o resista los intentos por ideologizar todos los ámbitos de la vida social.
A pesar del cierre de medios de comunicación y del peligro latente de autocensura, en el país todavía existe libertad de expresión, no porque el gobierno lo permite, sino porque los ciudadanos no se dejan callar. La manifestación que acompaña a esta comunicación es prueba de ello. Nuestra acción, por tanto, es un intento por frenar la avanzada autoritaria que hoy amenaza a la democracia venezolana.
Le recordamos a la ciudadana Fiscal General, que la manifestación y la protesta, no constituyen delito en nuestro ordenamiento jurídico. Muy por el contrario, constituyen un derecho de tradición constitucional, que se encontraba previsto en el artículo 115 de la Constitución de 1961 y que hoy es desarrollado por el artículo 68 de la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela.
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Igualmente, el derecho a manifestar está establecido en el artículo 15 de la Convención Americana de los Derechos Humanos y en el artículo 21 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. Así que cuando se conculca y criminaliza este derecho, Venezuela se convierte en un Estado forajido en materia de derechos fundamentales.
Por otra parte, con sus declaraciones, más allá de transformar en delito la protesta, soslaya el carácter autónomo del Ministerio Público como ente integrante del Poder Ciudadano y actúa como que si éste formara parte o dependiera del Ejecutivo Nacional. Con esto se viola el principio de la separación de los Poderes, que debe existir en todo Estado democrático y se transgrede igualmente lo establecido en el artículo 273 de la Constitución. Le recordamos que la vigencia del Estado de Derecho, o los que es lo mismo, las garantías y salvaguardas a los derechos humanos de los ciudadanos ante los que ejercen el poder, dependen en última instancia de la existencia de organismos autónomos y profesionales que actúen como barrera ante los abusos del poder. Le exigimos cumplir el papel que es este sentido le asigna la Constitución de la República.
2.- Rechazamos las últimas acciones de evidente persecución política, que han desplegado los fiscales del Ministerio Público en complicidad con los Tribunales. Producto de esta última arremetida, violatoria de las más elementales garantías judiciales del debido proceso, resultaron ilegalmente perseguidos o detenidos numerosos compatriotas. En función de lo anterior:
A.- Exigimos la libertad de Richard Blanco, prefecto de Caracas y Presidente de Alianza Bravo Pueblo, a quien no sólo se le conculcó su derecho a ser juzgado en libertad, sino que no se le otorgó oportunidad de ejercer el derecho a la defensa, de aportar pruebas, de contradecir la denuncia y de ser imputado previo a la detención. Se enteró de la acción en su contra, cuando funcionarios del CICPC lo esposaron mientras trabajaba por los ciudadanos de Caracas desde su Despacho, por lo tanto, exigimos su inmediata liberación.
B.- Demandamos la excarcelación perentoria de los 11 trabajadores de la Alcaldía Metropolitana, cuyos nombres son: Carlos Lozada Villegas, Abello Álvarez, Omar Rodríguez, Gustavo Aponte, Gerardo Jesús González, Xisto Antonio Gómez, Jaer Antonio Pulido, Yumar Oscar Figueroa, Alexander Ronald, Viña Figueroa, Lixido José Solarte. Todos ellos detenidos simplemente por manifestar a favor de sus derechos laborales,
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visto el despojo que desde la Asamblea Nacional se le hizo a la señalada Alcaldía.
C.- Pedimos, que cese de inmediato el auto de privación de libertad que pesa sobre el dirigente político Oscar Pérez, ya que no ha cometido delito alguno y simplemente se le imputa y persigue por el hecho de pensar distinto. Intenta ser una forma de amedrentar a los ciudadanos para evitar masivas actividades como la manifestación ocurrida en la ciudad de Caracas el sábado 22 de agosto en contra de la Ley Orgánica de Educación. Allí, sin ninguna acción que lo justificara, un Coronel de la Guardia Nacional Bolivariana, encabezó una alevosa agresión en contra de pacíficos manifestantes, utilizando de manera inconstitucional gases tóxicos y perdigones.
D.- Condenamos igualmente las declaraciones del Presidente de la República, donde prácticamente le dio una orden a la instituciones del Estado, de iniciar un antejuicio de mérito en contra del Gobernador del estado Táchira, César Pérez Vivas por los hechos ocurridos durante la marcha realizada el pasado sábado 29 del corriente mes en la ciudad de San Cristóbal, donde pacíficos manifestantes, fueron agredidos por empleados oficialistas, desde la sede de la zona educativa regional.
E.- Repudiamos asimismo, la ilegal detención del periodista y dirigente político de Un Nuevo Tiempo Gustavo Azócar, por presuntamente desacatar una medida cautelar, que violando su libertad de expresión, lo limitaba de hablar de su propio juicio.
F.- Rechazamos lo ocurrido con los dirigentes políticos de Un Nuevo Tiempo Delsa Solórzano y José Luis Farias, quienes de denunciantes pasaron a ser citados por el Ministerio Público en la condición de “investigados penalmente”, figura esta no prevista en la legislación venezolana.
Aunado a todos estos casos, que mencionamos por ser los más recientes, exigimos que el Ministerio Público realice las correspondientes solicitudes a los Tribunales competentes, con la finalidad de que cese la detención de los más de 40 venezolanos que hoy se encuentran privados de su libertad, por disentir políticamente.
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Asimismo, reclamamos que se haga lo conducente para que terminen los procesos penales que, según PROVEA, hoy pesan sobre más de 2.200 venezolanos, simplemente por manifestar su inconformidad con las políticas gubernamentales.
La situación ha llegado a los extremos de afectar a los trabajadores venezolanos quienes sufren en primera línea la represión generalizada. Hoy, en Venezuela, se persigue y criminaliza la reivindicación de los derechos laborales consagrados en la Constitución. Una gran cantidad de trabajadores enfrenta juicios en los tribunales, no por hechos que pudieran considerarse políticos, sino por reclamar la vigencia de sus derechos a una remuneración decente, a un clima de trabajo que favorezca la productividad y a la modernización y ampliación de la capacidad productiva de sus empresas, como es el caso de las luchas en Guayana.
Mientras el Ministerio Público se dedica exclusivamente a perseguir la disidencia política y la protesta de los trabajadores, los delincuentes hacen de las suyas con los bienes, la integridad física y la vida de los venezolanos. Esto ha llevado a que, según cifras oficiales, la impunidad en nuestro país alcanza la alarmante cifra de 97%.
Por último, destacamos que a pesar de las múltiples amenazas recibidas por parte de todos los funcionarios del régimen, los venezolanos que amamos la democracia, seguiremos luchando con la finalidad de que más temprano que tarde, en Venezuela se restablezca la separación de los Poderes y el Estado de Derecho, para que así, todos los ciudadanos, sin distingo de color político, puedan disfrutar plenamente de sus derechos fundamentales.
Sin más a lo cual hacer referencia, es Justicia, que esperamos en Caracas, a la fecha de su presentación.
Atentamente,
Omar Barboza
CI. 3 379 102
Av. Principal de Las Palmas, Edificio Montral, Caracas.
Teléfono: 0414 307 37 29
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Antonio Ledezma
Edwin Luzardo
José Antonio España
Nicolás Sosa
Tomás Terán
Julio Borges
Tomas Guanipa
Juan Carlos Caldera
Ismael García
Cristóbal Fernández Daló
Juan José Molina
Ricardo Gutiérrez
Henrique Salas Romer
Carlos Berrizbeitia
Enrique Márquez
Delsa Solórzano
William Ojeda
Luis Aparicio
Gabriel Puerta
Carlos Hermoso
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Pedro Moreno
Henry Ramos Allup
Brernabé Gutiérrez
Felix Arroyo
Freddy Marcano
Angel Medina
Luis Ignacio Planas
Luis Carlos Solórzano
Alejandro Vivas
Andrés Velásquez
Daniel Santolo
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Enrique Martínez
Luis Trincado
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Arnaldo González
Haydee Deutsch
Ramón Guillermo Aveledo
Fernando Spiritto
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